La Huerta de València, más allá de las simplificaciones

Nos acercamos al aniversario de la derogación parcial de la Ley de la Huerta de València, tras la vorágine provocada por la DANA de 2024 y en medio de un debate intenso tanto en la prensa como en Les Corts Valencianes. Un debate marcado por la urgencia y la innecesaria polarización, y alejado de la serenidad necesaria para evaluar cambios de esta magnitud a la luz de la evidencia disponible.

Analizar los últimos cincuenta años desde la Transición en la agricultura valenciana obliga a adoptar una mirada de largo plazo. A mediados de los años setenta, la población activa agraria representaba todavía casi una cuarta parte de la población ocupada. El minifundismo era relativamente estable porque, como señalaba el profesor Eladio Arnalte, la externalización de tareas —especialmente en cultivos como la naranja— permitía una cierta estabilidad productiva y una escasa presión hacia la concentración de la tierra.

Si nos centramos en las comarcas que conforman la Huerta de València, el cambio estructural es evidente. La población del área metropolitana pasó de aproximadamente un millón de habitantes en 1975 a más de un millón y medio en 2020. Este crecimiento demográfico se ha producido en un territorio donde la competencia por los usos del suelo se ha intensificado. Al mismo tiempo, la pérdida progresiva de usos agrarios se consolidó como tendencia a largo plazo.

Es en este contexto, con una trayectoria de décadas ya definida, cuando se aprueban el Plan de Acción Territorial y la Ley, y posteriormente la designación por la FAO del regadío histórico como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Estas iniciativas impulsaron estrategias de valorización del sector agroalimentario y del territorio, aunque algunas de ellas no fueron bien recibidas por una parte importante de los agricultores y se produjo, además, un debate político en el que el Consell de l’Horta fue señalado de manera discutible como un obstáculo para la llegada de ayudas al sector.

El propietario agrario ante la lógica económica

Para entender esta reacción conviene atender a una cuestión básica: la lógica económica a la que se enfrenta un propietario agrario. A título solo orientativo, una hectárea de naranjos podría generar, dependiendo de la variedad o edad de plantación, un margen bruto que raramente se sitúa entre los 1.000 y 3.000 euros anuales. A ello hay que sumar las fluctuaciones climáticas que incrementan la incertidumbre productiva. Si se compara esta renta con cualquier otra alternativa, la diferencia es notable. Si esa misma hectárea pasara a ser suelo urbanizable y se vendiera por una cifra prudente, por ejemplo, en torno a un millón de euros, ese capital invertido a una rentabilidad modesta del 3 % anual generaría unos 30.000 euros al año.

Evidentemente, muchos propietarios no quieren ni pueden vender sus tierras, aunque sus expectativas de relevo generacional son, en muchos casos, muy limitadas. Pero este diferencial ayuda a entender por qué, desde la perspectiva de muchos agricultores, todo lo que suene a regulación u ordenación del territorio se percibe de forma negativa. Incluso argumentos relacionados con la necesidad de suelos sanos o con el papel protector de los espacios agrícolas frente a grandes inundaciones tienen dificultades para arraigar cuando la base económica es tan frágil.

Evaluar impacto

Evaluar la Ley comparando únicamente cuánta superficie existía antes y cuánta hay después de su aprobación resulta metodológicamente incorrecto. Si la tendencia de fondo es la pérdida de suelo agrario, es posible que la superficie continúe disminuyendo incluso cuando la política tuviera efectos positivos. La pregunta relevante no es si después de la Ley se pierde suelo agrícola, sino si se pierde más o menos de lo que se habría perdido sin ella. Este sería el enfoque contrafactual, más apropiado en la evaluación de políticas.

Los datos analizados por la Universitat Politècnica de València, a partir del Portal Estadístic de la Generalitat, muestran que entre 2012 y 2018 la suma de superficies de cultivos de regadío en la Huerta de València se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, a partir de 2019 se observa un cambio de tendencia: entre 2018 y 2023 la superficie de cultivos de regadío cayó en conjunto en torno a un 3%. Este descenso no puede atribuirse de forma directa a la Ley, ya que responde a un proceso de deterioro de medio recorrido. Además, la caída fue desigual según el grado de protección: en los municipios con ausencia de protección la reducción acumulada se situó en casi un 5%, mientras que en el resto de los municipios fue más moderada, alrededor del 2%. Los niveles intermedios de protección muestran un comportamiento relativamente más favorable, lo que invita a reflexionar sobre la conveniencia de un ajuste fino del diseño normativo.

Evitar simplificaciones

En este marco, la propia Generalitat ha aprobado recientemente un decreto de simplificación administrativa en el que se argumenta, casi un año después de la modificación de la Ley, la extrema necesidad y urgencia de implantar líneas de ayudas para compensar los perjuicios derivados de las limitaciones al cultivo. Pero el debate no debería agotarse en la compensación. En primer lugar, si la Huerta se protege por los servicios ambientales, paisajísticos y territoriales que presta al conjunto de la sociedad, las políticas públicas deberían orientarse no solo a indemnizar restricciones, sino también a fomentar activamente la producción de esos bienes públicos. En segundo lugar, resulta poco riguroso contraponer la urgencia de preservar la calidad del suelo y del paisaje con las necesarias medidas de prevención frente a eventuales daños derivados de episodios climáticos extremos.

En definitiva, los cambios normativos recientes responden a decisiones políticas poco fundamentadas. Convendría exigir que cualquier cambio regulatorio se base en análisis rigurosos y evite simplificaciones, cuando está en juego uno de los paisajes agrícolas más valiosos del Mediterráneo.

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