La Albufera tiene su pacto, ¿y el bosque valenciano?

11/07/25
jose vicente oliver

José Vicente Oliver. Catedrático de Ingeniería Forestal Universitat Politècnica de València (UPV)

El territorio forestal no puede esperar más. El mismo consenso que tiene como objetivo común salvar y conservar la Albufera urge ahora para nuestros bosques: cada año de inacción acerca los megaincendios y las inundaciones que arrasarán paisajes, pueblos y desgraciadamente también vidas humanas

El reciente Pacto por la Albufera es un magnífico ejemplo de lo que el pueblo valenciano puede lograr cuando une voluntades. Tras la DANA, administraciones, agricultores y regantes, científicos y sociedad civil han llegado a articular un acuerdo histórico: 24,3 hectómetros cúbicos anuales de agua garantizados, 20 millones de euros para recuperación, tecnología punta como la batimetría del lago, y hasta un gemelo digital para monitorizar su estado de salud y conservación. Es un modelo de gobernanza colaborativa, donde el consenso político trasciende siglas para proteger un patrimonio natural común. Vayan por delante mi satisfacción y congratulaciones, más como residente en este parque natural.

No obstante, este éxito, que es legítimo y necesario, revela una paradoja desgarradora: ¿por qué no aplicamos la misma ambición, recursos y urgencia al 98,5% restante de nuestro territorio natural? Mientras el Parque Natural de l’Albufera (21.000 hectáreas) acumula estas inversiones, aproximadamente 1,3 millones de hectáreas de bosque valenciano esperan nuestra atención. Y el tiempo se agota.

La lección de los últimos incendios que devoran vidas además de paisajes

No estamos ante una hipótesis, sino ante un patrón. Los grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas, como los ocurridos en 2022 en Bejís (19.000 hectáreas) y en la Vall d’Ebo (12.000 hectáreas), o el más reciente en Lleida con casi 10.000 hectáreas, ya no respetan estaciones ni fronteras. En la Comunitat Valenciana se dan todos los ingredientes para que estos incendios se desaten con violencia. Por un lado, existe un combustible acumulado en forma de miles de hectáreas de pinos secos, afectados por plagas y sequías, con densidades críticas especialmente en zonas como el Alto Mijares, Costera-Canal de Navarrés-Valle de Ayora, la Serranía o el interior de Alicante. Por otro lado, la interfaz urbano-forestal se encuentra abandonada: urbanizaciones rodeadas de biomasa inflamable donde, además, la población se multiplica en verano, elevando el riesgo no solo de pérdidas económicas, sino también de vidas humanas, como ya advirtieron incendios como el de Andilla en 2012. A esto se suma la emergencia climática, con olas de calor más prolongadas, suelos cada vez más áridos y vientos erráticos que agravan tanto el riesgo como la intensidad del fuego. El incendio de Bejís en 2022 dejó claro que ni los mejores medios de extinción pueden controlar un fuego de alta intensidad en montes abandonados en su gestión preventiva. Si otras regiones de clima mediterráneo, como California o Australia, con medios de extinción igual o incluso mejores que los nuestros, sucumben ya año tras año al fuego, ¿qué podemos esperar aquí con una prevención tan raquítica? La respuesta es clara y dura: tragedias anunciadas, pueblos evacuados y recursos de extinción completamente sobrepasados. No se trata de si ocurrirá, sino de cuándo y con qué coste humano.

Solidaridad interterritorial: no podemos salvar solo la Albufera y olvidar el interior

El éxito del consenso alcanzado en el Parque Natural de l’Albufera demuestra que existen alternativas reales y eficaces, pero también pone en evidencia una clara desigualdad en la distribución del presupuesto. Mientras la laguna cuenta con 20 millones de euros para labores de recuperación, la gestión forestal preventiva de toda la Comunitat Valenciana apenas recibe fondos residuales. ¿Por qué no impulsar un verdadero Pacto por los Bosques con la misma voluntad política y recursos, tal como viene reclamando desde hace más de 10 años la Plataforma Forestal Valenciana? Además, mientras se financian estudios de batimetría y gemelos digitales para el lago, cientos de municipios del interior carecen de los medios necesarios para ejecutar planes locales de gestión forestal sostenible y prevención de incendios. A la vez que la Albufera se declara prioridad absoluta, comarcas como El Rincón de Ademuz o Els Ports llevan décadas olvidadas, viendo cómo sus montes y sus campos abandonados se transforman en un riesgo más que en una oportunidad, al tiempo que sus jóvenes se ven obligados a emigrar.

Se trata, en el fondo, de una cuestión de solidaridad interterritorial entre valencianos, porque no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Valencia no puede aspirar a un desarrollo equilibrado si se limita a cuidar solo su huerta y su costa, mientras deja el interior al margen. Ese territorio de interior es esencial: es nuestro pulmón verde, nuestro almacén de agua y la primera línea de defensa contra incendios e inundaciones. Si lo abandonamos o nos conformamos con un discurso ambientalista de escaparate y puramente urbanita, el coste será colectivo y el desastre afectará a toda la sociedad valenciana.

Un plan de choque forestal: menos lamentos, más acción, coordinación y rigor técnico

Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Las grandes perturbaciones naturales agravadas por el cambio climático, como las DANAs y los grandes incendios forestales nos recuerdan que no podemos esperar a lamentar más víctimas para actuar. Necesitamos un Plan de Choque Forestal con coordinación real, recursos sin precedentes y rigor técnico y científico, basado en un Pacto por los Bosques Valencianos.

El problema de raíz es estructural. Necesitamos asentarnos como sociedad en un hecho demostrado e irrefutable: no hay conservación sin gestión, como tampoco hay gestión sin conservación. No cabe el conflicto, pues son dos componentes totalmente compatibles y que necesariamente se retroalimentan. Allí donde la población rural ha mantenido el uso sostenible del monte, los ecosistemas se han conservado. El abandono rural (actividad forestal y agricultura de montaña), ha permitido que la vegetación crezca de forma continua y desordenada, elevando el riesgo extremo de incendios y plagas. El cambio climático intensifica esta amenaza, con sequías prolongadas y lluvias torrenciales que debilitan las masas forestales y generan condiciones extremas.

Frente a ello, necesitamos silvicultura preventiva y adaptativa al cambio climático: claras, aclareos, resalveos y reducción de turnos para favorecer la regeneración natural, la mejor infiltración del agua y la conservación del suelo. Solo una gestión planificada y sostenible puede reducir el riesgo y reforzar la resiliencia ante las inundaciones, el fuego o las plagas.

Por eso, urge Pacto por los Bosques Valencianos, un compromiso colectivo para proteger nuestro territorio, especialmente en el interior. Es imprescindible movilizar todos los fondos europeos disponibles (Next Generation, FEADER) para financiar la gestión forestal sostenible. Además, se requiere una normativa eficaz para la interfaz urbano-forestal que obligue a crear y mantener zonas de seguridad en urbanizaciones junto al monte, combinando ayudas con sanciones efectivas para quienes incumplan.

La economía rural debe ser un aliado esencial. Para ello, son necesarios contratos públicos estables para ingenieros forestales y brigadas locales que generen empleo de calidad en prevención. Hay que impulsar la bioeconomía, fomentando el uso sostenible y certificado de la madera para construcción, mobiliario o embalajes, la biomasa para bioenergía y otros productos como el corcho o la miel. Apoyar empresas existentes y crear nuevas cadenas de valor es clave para fijar población en el territorio.

Igualmente, es fundamental reconocer el papel de los propietarios forestales tanto privados como públicos (ayuntamientos) como responsables subsidiarios de la gestión. Debemos garantizarles recursos y seguridad jurídica para sus planes técnicos y facilitarles formación y herramientas, eliminando trabas administrativas innecesarias.

El Servicio Forestal Valenciano necesita más autonomía y estabilidad presupuestaria para planificar a largo plazo, evitando vaivenes políticos, y reforzar su plantilla técnica con profesionales conocedores del territorio.

Además, los servicios ambientales que prestan los montes (biodiversidad, fijación de CO₂, recarga de acuíferos) benefician a toda la sociedad. Es necesario implementar mecanismos para Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y explorar instrumentos innovadores como mercados de compensación de carbono o de huella hídrica, con el fin de poder movilizar financiación privada y revertirla en la gestión forestal sostenible.

Por último, este plan exige participación, transparencia y corresponsabilidad social, prestando atención especial a la formación y al empleo de mujeres y jóvenes en el medio rural. La formación avanzada, la investigación y la transferencia tecnológica deben ser ejes estratégicos para lograr un sector forestal moderno, competitivo y sostenible.

El Pacto por los Bosques Valencianos no parte de cero, debe apoyarse en el PATFOR (Plan de Acción Territorial Forestal) y en la nueva Ley Forestal en desarrollo, que tiene que estar obligada a encontrar el mayor consenso social y político posible para afrontar, a largo plazo, los retos de incendios, inundaciones, cambio climático y despoblación, garantizando una gestión forestal sostenible y un desarrollo rural que fortalezca la bioeconomía y la conservación del territorio. Estamos ante un reto estratégico y político de tal relevancia, que no caben visiones políticas cortoplacistas o sectarias.

Conclusión: el futuro no se negocia, se construye con consenso

El consenso alcanzado en el Parque Natural de l’Albufera demuestra que es posible el acuerdo social, económico y político en el pueblo valenciano. Este primer logro en uno de nuestros parques naturales también nos interpela: ¿qué legado dejaremos a las generaciones futuras? ¿Un paisaje calcinado y pueblos fantasmas, o un territorio vivo, gestionado con valentía? No es solo una cuestión técnica, sino un compromiso ético con todo nuestro pueblo, especialmente con quienes viven hoy en el interior y con quienes nacerán mañana. Aprendamos de los errores y actuemos antes de que las inundaciones y el fuego nos obliguen a lamentar más vidas.

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