Un retroceso para el SIPAM de la Huerta
José María García Álvarez-Coque
Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Politècnica de València
La reciente modificación de la Ley 5/2018 de la Huerta de València a través de un Decreto Ley introduce una serie de cambios que ponen en riesgo la protección de uno de los paisajes agrarios más valiosos y únicos del Mediterráneo. La eliminación del Consell de l’Horta, la flexibilización en la regulación de los usos del suelo y el desguace del Plan de Desarrollo Agrario son medidas que reflejan una clara regresión en el futuro de este espacio.
Algunos aspectos, introducidos precipitadamente por el Consell, provocan preocupación en la ciudadanía que no solo quiere respaldar la viabilidad de las explotaciones, sino también el valor incalculable de este espacio agrario periurbano para el área metropolitana de València. La DANA, tan demoledora y mortal, no puede servir de excusa para la falta de diligencia de los gestores públicos. Se buscan culpables, y se encuentran en la normativa de ordenación del territorio.
Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto que puede tener en el reconocimiento internacional de la Huerta de València, actualmente en el catálogo de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la FAO. Este reconocimiento, que destaca la interacción entre sistemas agrícolas tradicionales, paisaje, cultura y nuevas formas de emprendimiento, requiere garantías institucionales sólidas para su preservación. De ser ejemplo internacional estamos en riesgo de hacer el ridículo, sin contar el daño interno al paisaje y a las explotaciones que consideraban el valor diferencial de la Huerta como una acreditación de calidad.
La flexibilización de normas sobre usos del suelo permite, en la práctica, una mayor permisividad para intervenciones urbanísticas en zonas agrícolas. Esto no solo afecta a la Huerta en sí, sino a la credibilidad de nuevas propuestas como la Reserva de la Biosfera para otro ecosistema clave: la Albufera de València. La Huerta actuaba como un espacio de transición entre el medio urbano y este hábitat de gran valor ecológico. La nueva norma debilita su protección, sobre todo, cuando se indica en el nuevo artículo 22: “podrá eximirse en casos determinados del cumplimiento de limitaciones urbanísticas y territoriales reglamentarias”. Y un tema que no se contempla en el impulso “modernizador” del Decreto es la consideración de los espacios agrarios como espacios de movilidad hidráulica, verdaderas infraestructuras blandas o espacios esponja que han amortiguado por siglos los efectos de las lluvias torrenciales, como ocurrió con la propia DANA.
El Decreto Ley también relaja los controles sobre el cambio de uso del suelo y la edificabilidad en la Huerta y, en concreto, infraestructuras. Mientras que antes cualquier modificación requería el visto bueno del Consell de l’Horta, ahora estas decisiones dependen exclusivamente de la Conselleria de Ordenación del Territorio. Esto abre la puerta a una mayor presión urbanística sobre terrenos agrícolas y facilita la implantación de usos terciarios y residenciales en espacios que deberían estar prioritariamente destinados a la producción agrícola y la conservación del paisaje.
Lejos de ser una medida de modernización y eficiencia, la eliminación del Consell de l’Horta pone en entredicho el compromiso de la Generalitat con la protección de este patrimonio agrario y cultural. La declaración SIPAM de la FAO exige un marco de gobernanza estable, que garantice no solo la preservación de la actividad agraria, sino también la integridad ecológica y paisajística del espacio. Con estas modificaciones, la Generalitat debilita su capacidad para cumplir con estos requisitos y descabeza la conexión con entidades que representaban un canal de comunicación con la FAO y otras instancias internacionales.
Desaparece la participación, la consulta, el propio concepto de plan. Se elimina un ente, pero no se explica qué se propone a cambio. ¿Quizás una nueva era de descontrol urbanístico como la que hundió a València hace un par de décadas?
La preservación de l’Horta no puede depender de cálculos políticos de eficiencia ni de la eliminación de organismos de gestión, que ocultan las reiteradas omisiones de las autoridades municipales y agrarias que, tras casi dos años de legislatura, carecen de planes de apoyo a las unidades productivas, su relevo generacional y la calidad de su regadío.
L’Horta podría haber sido un modelo de sostenibilidad para el mundo. Tras la ZAL, tras estos cambios, se irá explotando la reserva de suelo para futuras expansiones urbanísticas. Tras agotar la reserva, no solo no habrá más expansiones, sino que también habremos perdido un espacio agrario de valor incalculable.
