Innovación con sentido: la responsabilidad de la universidad hacia la agricultura
José María García Álvarez-Coque
Catedrático del Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Universitat Politècnica de Valéncia
La crisis actual en el sector primario ha sido ampliamente analizada, desde los precios desfavorables de los productos agrarios hasta la competencia desleal de países terceros, sin olvidar la abrumadora burocracia que afecta a pequeños y medianos agricultores. Más allá de la Política Agraria Común (PAC) o el Pacto Verde, existen causas estructurales que impactan directamente en la estabilidad del sector. Mientras las grandes explotaciones aplican eficientemente las mejoras tecnológicas, la realidad de pequeños y medianos productores, en su mayoría de edad avanzada, revela una lucha constante para alcanzar unos ingresos mínimos.
¿Qué esperamos de la agricultura? Adoramos el paisaje rural, la diversidad de cultivos, las aves en los humedales y los alimentos basados en variedades tradicionales. Un tejido de pequeñas explotaciones históricamente ha aportado una gran estabilidad a nuestros territorios. Es esencial reconocer la contribución social de la agricultura, tanto en términos culturales como en la promoción de una dieta saludable. Considero que muchos bienes y servicios agrícolas deben ser tratados como bienes públicos, e incluso colectivos, justificando así un mayor apoyo al sector agrario.
¿Cómo puede contribuir la universidad? Mientras una gran parte de nuestro sistema de I+D+i trabaja en las tecnologías más avanzadas, surge la pregunta: ¿Quién trabaja para facilitar la transición de los rezagados? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de millones de hectáreas abandonadas, con descendientes de agricultores que no saben qué hacer con sus parcelas.
Sin subestimar el heroico trabajo de muchos investigadores en ciencias agronómicas y alimentarias, son demasiados los proyectos que parecen desvinculados de las preocupaciones de la comunidad agraria, que sigue siendo básica para nuestro sistema rural. En España, cientos de miles de unidades productivas carecen de una política tecnológica adaptada a sus necesidades. Aquí es donde la universidad asume una responsabilidad crucial: facilitar una transición justa para nuestros sistemas agrarios. Esta transición es esencial para aquellos agricultores que desean vivir de su profesión, para jóvenes y mujeres que buscan nuevas formas de emprender y para las experiencias de economía social que promueven la agricultura mediante fórmulas colaborativas.
Por tanto, en lugar de simplemente abogar por subsidios sin contrapartida, es imperativo instar a los gobiernos a adoptar una política tecnológica más social. Esto implica proyectos que pueden no ofrecer rentabilidad espectacular a corto plazo, pero que reflejan la contribución pública de la agricultura y su viabilidad a medio plazo. Además, debemos enfrentar otra incómoda verdad, tal como la planteó una conferencia inspiradora de Jonathan Foley en 2012: la difícil tarea de aumentar la producción de alimentos sin poner en riesgo la tierra, el agua y la supervivencia del planeta.
La universidad debe comprometerse activamente: alimentarnos adecuadamente, preservar nuestro patrimonio y facilitar la organización de la producción son objetivos que reclaman la atención de una universidad más dedicada a transformar nuestro sistema agroalimentario.
